¿Avance o continuidad? 

Comentario a la Resolución General 3/2016 de la IGJ.-

Marina Lara Frassetto 

 

  El pasado 29 de enero del año que corre, la IGJ mediante la Resolución General 3/2016 deja sin efecto -dentro de su ámbito de aplicación- cualquier normativa restrictiva de acceso a la información pública (especialmente la Resolución General de la IGJ 1/2015), con las limitaciones de la “Ley de Protección de los Datos Personales” (25.326), y dejando a salvo las normas arancelarias vigentes a la fecha. 

  Desde una perspectiva optimista, podemos decir que es un “punta pie” para volver a poner en la agenda pública la importancia de la regulación de este derecho humano fundamental que ha sido “cajoneado” por los legisladores en los últimos años, a la vez que las oportunidades en que ha sido reglamentado se lo ha hecho de forma contradictoria y restrictiva. 

  Por lo que nuestro país se encuentra en falta, a la luz de la normativa internacional vigente y de nuestra propia Carta Magna,  lesionando de esta manera el Sistema democrático y Republicano de gobierno, siendo que este derecho es fundamental como herramienta de control institucional, es decir, conocer las acciones que hagan a la transparencia en el desempeño de las funciones públicas de nuestros representantes. Es indudable pensar entonces, que esta publicidad que se tenga de los actos de gobiernos es la mejor seguridad o por lo menos la forma más eficiente de controlar a los representantes, y de esa forma, facilitar y fortalecer el debate público de ideas y la participación activa de la ciudadanía en la vida política estatal, a la vez que la información clara advierte actos de corrupción. 

  La Resolución de la IGJ en sus considerandos deja en claro este orden de ideas expresando “Que el derecho de acceso a la información pública debe ser entendido como un prerrequisito de la participación, que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas, al darle a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y sustentar los propósitos para una mejor comunidad.”

  Entiendo que a pesar de sentar definiciones claras y contundentes, sigue siendo fiel a la línea legislativa que se ha forjado en la materia. 

  Analizando la misma, se deja en claro que la IGJ como institución del Poder Ejecutivo es sujeto obligado a garantizar el acceso a la información pública en su ámbito, sigue la línea del Decreto 1172/2003, al dar amplia legitimación a los particulares a la hora de peticionar, no siendo necesario acreditar para ello un derecho subjetivo. Pero en el artículo 2 de la Resolución limita este derecho, estableciendo que quedan vigentes las normas arancelarias que se han establecido en la materia, lo cual sienta un límite en el acceso a este derecho, al mismo tiempo que sigue siendo una regulación vaga y vacía de contenido definido. 

  Al margen de esta Resolución, creo que nuestros legisladores se encuentran en mora; adeudan la regulación nacional de este derecho, la cual resolvería el problema que existe en la materia producto de la poca claridad y contradicciones que abundan en la regulación de este derecho. Una ley nacional, que sirva de línea a seguir para una regulación más específica de las provincias y municipios, resguardando el acceso a la información pública a toda persona, en su deber de control y participación ciudadana, contribuyendo a la transparencia y eficacia estatal.