Julio de 2013

 

Durante el transcurso del año, la Comisión de Derechos Humanos y Discapacidad del Proyecto “Clínicas Jurídicas” llevó a cabo una serie de actuaciones en sede administrativa y judicial, conforme a las pautas y posibilidades que ofrece el litigio estratégico, con la finalidad de minimizar el evidente divorcio que existe entre el vigoroso marco normativo local e internacional y la cruda realidad.

Los principales casos que aborda la Comisión se centran en el reconocimiento y exigibilidad de derechos económicos y sociales en materia de discapacidad. Esta rigurosa selección, gracias al trabajo articulado con organizaciones que nuclean a personas con discapacidad (PCD), obedece a cuestiones que el mismo colectivo ha identificado como importantes, sea en su condición de “vulnerados” (ya tienen una carencia efectiva o imposibilidad actual) o de “vulnerables” (el deterioro aparece como una situación de alta probabilidad en un futuro cercano).

 

A partir de la incorporación en el año 2008 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nº 26378) un nuevo instrumento de derechos humanos se suma a la tutela constitucional y legal en esta materia. El “modelo social”, nuevo paradigma que recepta la Convención, consagra que la discapacidad es una producción social, resultado de la interacción de la PCD y el ambiente en el que vive y se desarrolla; y como tal, erradica atávicas concepciones enquistadas en la persona, donde déficit y discapacidad, fiel al modelo médico-rehabilitador, resultaban sinónimos.

 

Asimismo, la estrategia clínica, no sólo de reflexión, deliberación crítica y proyección empática sobre circunstancias de adversidad e inequidad en la vida de los “otros”, apunta a encontrar marcos de acción que permitan contrarrestar contextos persistentes de invisibilización, discriminación y falta de igualdad de oportunidades; a través del empoderamiento de las PCD como titulares de derechos, y la exigibilidad de las correlativas obligaciones y garantías por parte del Estado y principal obligado.

 

Entre las actuaciones realizadas se encuentran:

 

Educación inclusiva:

 

Continuando actuaciones del año anterior, en el mes de marzo se presentó un reclamo administrativo ante la Dirección de Educación Especial, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), a fin de garantizar el derecho a una educación inclusiva –en una escuela común- de calidad y en igualdad de condiciones de una niña con síndrome de Moers. En este sentido, la exitosa gestión implicó erradicar mitos y estereotipos y conseguir las configuraciones de apoyo pedagógicas y curriculares durante el tiempo que requieran las necesidades especiales educativas derivadas de su discapacidad; logrando el aumento de la carga horaria de la maestra integradora, promoción de grado y continuidad en la escuela “común”.

 

Cobertura médico asistencial integral y eficaz:

 

Luego de infructuosas gestiones (carta documento, reclamos administrativos) a lo largo del 2012 ante el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) tendientes a lograr para una afiliada con discapacidad una cobertura integral y el acceso efectivo a las prestaciones, se promovió un proceso sumarísimo con ese objeto (radicado en el JUCA 1). Hasta la fecha se han celebrado dos Audiencias en donde la demandada se comprometió a incluir a la actora en un programa especial de orientación y consulta personalizada, y a la provisión de medicamentos sin costo adicional por un período de seis meses; solución que contrarresta, de algún modo, la inercia y las múltiples vallas burocráticas características de la obra social.

 

Acceso a una vivienda adecuada:

 

Se iniciaron en el mes de mayo, las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Desarrollo Social para obtener en condiciones dignas de habitabilidad una vivienda adjudicada en el año 2010 a un padre cuyo hijo con discapacidad severa, por superar la edad permitida para continuar internado en la ex Casa Cuna debe ser externado, y gozar, por tanto, de las condiciones de higiene y mínimo confort que su delicado estado de salud exige.

 

Capacidad jurídica:

 

Dentro del marco itinerante extensionista e invitada por la Asociación Azul, la Comisión colaboró en el Taller de concientización y difusión “Capacitar para el Cambio”. En esta ocasión, expuso acerca de la capacidad jurídica de las PCD y las divergencias que presenta el instituto de la curatela (protectorio y sustitutivo de la voluntad) contemplado por el Código Civil, a la luz del nuevo paradigma y de derechos humanos que instaura la Convención. Todo ello, además, con participación de recursos docentes y científicos de la Facultad.

 

Asimismo, se iniciarán a la brevedad dos litigios colectivos:

 

Accesibilidad escolar:

 

Nuestro equipo de trabajo se abocó a lo largo del 2012, a comprobar si las condiciones mínimas de infraestructura y seguridad garantizaban la igualdad educativa para alumnos/as con algún tipo de discapacidad motriz. Puntualmente, el emprendimiento consistió en el relevamiento de condiciones edilicias de accesibilidad (existencia de rampas, baños adaptados, amplitud de circulación, etc.), en vista de determinar su ajuste a las normas que regulan la materia.

 

La iniciativa propuesta requirió de un salto cualitativo: pasar de experiencias y abordajes aislados a una verdadera prueba con perfil estructural como alternativa a la formación jurídica y práctica profesional. Ello requirió, a su vez, de mayores recursos, una mejor organización en red (estudiantes de otras carreras, difusión mediática y colaboración de varias ONG) como también, una mayor cooperación dentro del ámbito académico.

 

El resultado del trabajo de campo evidenció un panorama poco alentador: un altísimo porcentaje de incumplimiento normativo en lo referente a supresión de barreras y accesibilidad al medio físico.

 

En el mes de enero, sobre la base de esa información documental, se inició un reclamo ante la DGCyE, solicitando el diseño de un plan de adaptación edilicia que contemple las exigencias legales y convencionales, sin respuesta hasta la fecha.

 

Atención digna, preferente y expedita:

 

La mayoría de PCD afiliados/as al IOMA son expuestos a situaciones que denotan una clara desigualdad y discriminación (horas de espera, confusión informativa, exigencias documentales reiteradas, derivaciones injustificadas, lugares inaccesibles e inadecuados para la atención, respuestas vagas e imprecisas, etc.), hábitos burocráticos que potencian las dificultades y la inaccesibilidad.

 

Este escenario habitual de destrato, incapacitante y estigmatizador, conspira contra la autonomía de las PCD, y les impide, al mismo tiempo, una prestación asistencial de calidad, eficaz y humanizada. Por estas razones, y ante el conocimiento de la existencia de un Programa de trato preferencial diseñado por la misma obra social, se solicitará vía judicial la puesta en marcha de un mecanismo similar que contemple, en especial, una atención, digna, preferente y expedita. Esto en alianza con la Asociación Azul, PCD, sus familias, y la Asociación por los Derechos Civiles.